¿Cómo construir la paz en Sinaloa?

Para iniciar la construcción de la paz es necesario estar informados con herramientas de análisis sobre la situación de México más allá de los discursos oficiales, siempre y cuando se basen en la realidad, dice Patricia de Obeso, Coordinadora del Instituto Para la Economía y la Paz en México.

La violencia, la impunidad y la corrupción son tres temas que existen en Sinaloa, pero que pueden combatirse a través de un proyecto de construcción de paz, que esté liderado por la voluntad de quienes han sido los principales afectados: la sociedad.

 

Patricia de Obeso, Coordinadora del Instituto Para la Economía y la Paz en México, dijo que para iniciar la construcción de la paz es necesario estar informados con herramientas de análisis sobre la situación de México más allá de los discursos oficiales, siempre y cuando se basen en la realidad.

 

A partir de que los ciudadanos estén informados, dijo, debe iniciarse la participación activa en las problemáticas sociales que perturban la paz.

 

El Instituto Para la Economía y la Paz establece ocho pilares para tener una cultura de paz: buen funcionamiento del Gobierno, distribución equitativa de los recursos, el libre flujo de información, entorno empresarial sólido, el nivel de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, el combate a la corrupción y las buenas relaciones con los vecinos.

 

Esos pilares, dijo De Obeso, sirven como parámetros para mejorar los niveles de paz, a partir de estadísticas y análisis oficiales sobre hechos reales.

 

“En ese marco encontramos iniciativas donde todos los ciudadanos podemos participar, en todos y cada uno de ellos”, dijo.

 

 

 

Buen funcionamiento del Gobierno

 

 

 

En este pilar, el Instituto Para la Economía y la Paz hace un análisis sobre el trabajo de las instituciones gubernamentales, sobre el trabajo de prevención y contención de la violencia, así como su nivel de procuración de justicia.

 

El tema de la prevención es medido con diversas estadísticas. Una de ellas es la que trata el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la incidencia de los delitos.

 

Esas estadísticas establecen que sólo en 2016 sumaron 21 mil 992 delitos que no se previnieron ni se contuvieron, como robo de vehículos y asesinatos.

 

Al mismo tiempo se mide la procuración de justicia, la cual se encarga de hacer la investigación de los delitos que ya se cometieron y de dar justicia y reparar los daños a las víctimas.

 

El índice de medición de la procuración de justicia se basa en el nivel de impunidad, el cual, durante 2016, logró alcanzar hasta el 88 por ciento por todos los delitos.

 

“Tenemos una reforma en materia de justicia que inició hace ocho años y que todavía no terminamos de implementar y creo que pocos ciudadanos conocen de qué trata esa reforma, qué nuevos derechos tienen y las nuevas obligaciones”, dijo De Obeso.

 

 

 

Distribución equitativa de los recursos públicos

 

 

 

Este pilar atañe a los gobiernos y a la sociedad, porque por una parte las instituciones están obligadas a ser transparentes y por la otra la sociedad puede fungir como observadora.

 

Para medir este pilar, el Instituto recoge estadísticas de la utilización del gasto público para el combate de la pobreza y la pobreza extrema.

 

También hace el análisis sobre el uso del erario, para saber si este fue invertido en acciones sociales y de infraestructura en favor de la solución de necesidades locales y no para un beneficio particular.

 

Además, recoge también la información sobre el combate a la corrupción.

 

A partir de estos instrumentos de medición, señaló De Obeso, tanto la sociedad como los gobiernos pueden tomar iniciativas en favor de que los recursos públicos sean bien dirigidos.

 

Esas iniciativas pueden ser comités de participación ciudadana, promoción de auditorías especiales e informes públicos.

 

 

 

Libre flujo de información

 

 

 

En este pilar, el Instituto analiza el número de hogares con acceso a internet, los ataques a periodistas y el nivel de acceso a la información pública.

 

En este pilar, de acuerdo con Patricia de Obeso, el libre flujo de información es un nivel importante, dado que es desde este punto donde la ciudadanía se informa sobre los hechos que impactan en todos los ámbitos.

 

Como ejemplo, De Obeso señaló al nuevo sistema de justicia y la publicidad que ha tenido este para que en el estado se den a conocer los derechos y obligaciones de los ciudadanos, partiendo que de esa manera debería suceder con cualquier acción del Gobierno.

 

Esta exigencia corresponde más hacia los gobiernos, pero esta también mantiene un espíritu ciudadano, a partir de que mientras los ciudadanos se involucren más en la solicitud de información se podrá crear una mejor dinámica sobre esta, lo que podría llegar a obligar que existan mejores plataformas de información.

 

 

 

El alto nivel de capital humano

 

 

 

Este pilar se refiere a los índices de salud y educación, que analiza las leyes e iniciativas existentes sobre acciones de paz desde ambos temas.

 

Ese análisis es conjunto con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, que se elabora de manera trimestral a nivel nacional, para conocer las expresiones de las personas sobre temas sociales y de seguridad pública.

 

En la última evaluación, el Estado tuvo un declive, el cual, aunque no es determinado por el Inegi, puede tener como factor el incremento de violencia que se ha tenido, principalmente por los delitos de asesinato y robo de vehículo.

 

 

Aceptación de los derechos de los demás

 

 

 

 

En este pilar caben aquellos temas que son externos a ciertos núcleos sociales pero ejercen una afectación sobre ellos.

 

Esos temas son las más de 35 mil personas desplazadas que existen en Sinaloa por la violencia, así como los 2 mil 465 casos de desaparición de personas.

 

También analiza el nivel atención sobre los pueblos indígenas, sus condiciones de vida e inclusión en las poblaciones urbanas.

 

 

 

Combate a la corrupción

 

 

 

En este pilar De Obeso recordó que a nivel nacional y local está la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual se ha dado principalmente desde la sociedad civil.

 

En el caso de Sinaloa, el Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra atrasado, pues hasta el momento sólo se han trabajado dos de siete temas que atañen a tal sistema, que son la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa.

 

Sin embargo, pese a que es una demanda de peso dado a las denuncias por posible corrupción en Sinaloa, los procesos legislativos no han caminado de manera transparente y eficiente.

 

Los índices que se analizan para elaborar este pilar son fuentes documentales del Inegi, donde se ha detectado que la corrupción ha permeado a toda la sociedad, no sólo a las autoridades, de ahí que este tema deba de ser trabajado si se quiere un desarrollo en los niveles de paz.

 

 

 

Buenas relaciones con los vecinos

 

 

 

Para analizar este pilar, el Instituto hace tres preguntas: ¿cuánta confianza hay entre vecinos?, ¿cuál es la percepción de seguridad en lugares públicos?, y ¿cuál es la situación de personas emigrantes?

 

Las dos primeras preguntas se responden con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, la cual arrojó en su última evaluación un deterioro importante.

 

Mientras que en el caso de los datos sobre personas emigrantes, Sinaloa aparece como uno de los estados con menor población flotante y de menor desplazamiento hacia el exterior, sin embargo, existe una brecha importante de inseguridad sobre aquellos núcleos sociales de personas originarias de otros estados.

 

En Sinaloa los tres núcleos más importantes de población emigrante se encuentran en Villa Juárez, Culiacán y Elota, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social.

 

Las personas que se instalan en Sinaloa provienen de los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Chiapas principalmente, para trabajar en campos agrícolas en temporadas de siembra y cosecha.

 

La situación de violencia para las personas emigrantes consiste esencialmente en la falta se seguridad pública, servicios públicos, de salud y seguridad social.

 

En este punto intervienen tanto gobiernos como empresarios, que deben actuar en conjunto para el bienestar de las personas emigrantes, sólo si se busca mejorar los indicadores de paz.

 

 

 

Entorno empresarial sólido

 

 

 

En este pilar se analiza el Producto Interno Bruto por persona, la tasa de desempleo y niveles salariales.

 

El Instituto establece que “La fuerza de las condiciones económicas, así como las instituciones formales que sustentan la operación del sector privado, determinan la solidez del entorno empresarial. Los altos niveles de competitividad y productividad económica son propias de los países más pacíficos, lo mismo que la presencia de sistemas regulatorios propicios para la operación empresarial”.

 

En el caso particular de Sinaloa, la tasa de desempleo ha disminuido en los últimos 10 años, al mismo tiempo el Producto Interno Bruto ha tenido una mejora gradual, pero en el tema de salarios, Sinaloa sigue siendo una de las entidades con los menores sueldos promedio anual en el País.

 

 

 

 

MOTIVOS PARA LA PAZ

 

Primer Congreso de Paz Aplicada

 

– Auditorio del MIA en Culiacán

 

– 2 de Mayo de 8:00 a 14:00 horas

 

– Entrada sin costo, pero con registro previo en el sitio www.motivosparalapaz.com

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